Las estafas digitales contra usuarios de banca electr\u00f3nica se han multiplicado y se presentan en formas cada vez m\u00e1s dif\u00edciles de detectar.<\/p>\n\n\n\n
Phishing, smishing, vishing, suplantaci\u00f3n de llamadas, malware o duplicado fraudulento de SIM pueden permitir a terceros acceder a una cuenta o inducir a la v\u00edctima a realizar una validaci\u00f3n aparentemente leg\u00edtima.<\/p>\n\n\n\n
Las consecuencias pueden incluir transferencias no reconocidas, operaciones de Bizum, cargos con tarjeta, disposiciones de efectivo o incluso pr\u00e9stamos contratados fraudulentamente.<\/p>\n\n\n\n
Ante estos hechos, la entidad puede alegar que se emplearon las claves del cliente o que la operaci\u00f3n fue validada mediante doble autenticaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, el uso t\u00e9cnico de claves o c\u00f3digos no demuestra necesariamente que el titular hubiera prestado un consentimiento real y v\u00e1lido.<\/p>\n\n\n\n
El Real Decreto-ley 19\/2018, de servicios de pago<\/a>, impone a las entidades obligaciones espec\u00edficas de seguridad, prueba y reintegro en materia de operaciones no autorizadas.<\/p>\n\n\n\n La entidad debe acreditar la correcta autenticaci\u00f3n, registro y contabilizaci\u00f3n de la operaci\u00f3n, as\u00ed como la inexistencia de fallos o deficiencias en el servicio.<\/p>\n\n\n\n Si pretende exonerarse por la conducta del usuario, le corresponde probar el fraude, el incumplimiento deliberado o la negligencia grave.<\/p>\n\n\n\n